Impulsado por la sostenibilidad y la digitalización, el sector construcción peruano evoluciona hacia normativas y certificaciones de calidad cada vez más exigentes. Bajo el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones, este cambio promueve proyectos más seguros y eficientes, demandando profesionales con sólidas competencias técnicas y colaborativas.
El sector construcción peruano se rige por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el marco obligatorio que garantiza la seguridad, calidad y eficiencia de las obras. Este reglamento integra normas cruciales para la mitigación de riesgos en un país altamente sísmico, destacando las disposiciones E.030 (Diseño Sismorresistente), E.050 (Suelos y Cimentaciones), E.060 (Concreto Armado) y E.090 (Estructuras Metálicas).
Impulsadas por el Ministerio de Vivienda, las actualizaciones vigentes en 2026 promueven el desarrollo de edificaciones más resilientes, sostenibles y eficientes. La incorporación de nuevas tecnologías y sistemas industrializados exige una revisión normativa constante para responder de manera óptima a los desafíos de la modernización y al crecimiento urbano actual.
Al respecto de los cambios normativos recientes de mayor impacto del RNE, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), destaca la actualización de la norma IS.010. Explica que esta medida ajusta las dotaciones de agua en viviendas a la realidad demográfica y tecnológica actual, lo que optimizará el recurso y ampliará el acceso formal. No obstante, advierte que su impacto será limitado sin una reestructuración del saneamiento en el país, ya que «nunca se cerrará la brecha de agua si no se reduce la demanda insatisfecha de vivienda». Ante esto, Capeco propone reformar el modelo mediante el sinceramiento de tarifas, subsidios focalizados y el fortalecimiento de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS).
Asimismo, critica los recientes cambios en las normas G.040 y A.020 sobre Vivienda de Interés Social (VIS). El Ministerio de Vivienda ha restringido el apoyo estatal al excluir a la clase media y a jóvenes solteros, estableciendo áreas y ambientes mínimos basados en esta nueva delimitación. Valdivia objeta esta postura señalando que «esta nueva visión no es consistente con las actuales condiciones socio – demográficas y los hábitos de vida prevalentes en la población peruana». Detalla que, en los dos últimos años, un tercio de los usuarios de Mivivienda pertenecen a la Generación Z, quienes demandan espacios más reducidos y unipersonales, concentrándose en el rango 5 de precios.
Adicionalmente, cuestiona que el Estado solo considere «vivienda social» a la que recibe subsidio directo, desincentivando la atracción de la banca privada para el crédito hipotecario. Por ello, Valdivia concluye que «estos cambios normativos influirán de forma sustantiva en la futura provisión de vivienda social en nuestro país», recomendando una revisión de criterios y un monitoreo constante de las tendencias demográficas y costos de construcción para ajustar los programas estatales.
CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y GESTIÓN
Las constructoras peruanas adoptan certificaciones internacionales para elevar su competitividad y fortalecer sus sistemas de gestión. Las principales son la ISO 9001 (gestión de calidad), clave para estandarizar procesos, reducir errores y cumplir con requisitos recurrentes en licitaciones públicas y privadas; la ISO 14001 (gestión ambiental), esencial para mitigar impactos mediante el control de residuos, emisiones y el uso eficiente de recursos; y la ISO 45001 (seguridad y salud ocupacional), vital para identificar peligros y prevenir accidentes en obra. Estas normas garantizan operaciones eficientes, sostenibles y seguras ante clientes, reguladores e inversionistas.
Estas certificaciones no reemplazan el cumplimiento de la normativa peruana, sino que la complementan, aportando metodologías internacionales que ayudan a elevar los estándares de gestión empresarial y ejecución de proyectos.
Las constructoras locales afrontan importantes desafíos para alcanzar certificaciones de calidad. El vocero de Capeco sostiene que “la adopción de Normas ISO exige de las empresas un compromiso corporativo muy significativo, porque la certificación exige importantes niveles de inversión y de adecuación organizacional”. Asimismo, añade que este proceso “requiere del involucramiento y preparación de los trabajadores, para adaptarse a los cambios que las normas ISO implican para su labor cotidiana”. A esto se suman las complejidades del sector, como la dispersión geográfica de las obras, presupuestos rígidos y una alta rotación laboral.
Indica que el tamaño de la empresa también influye en su capacidad de adaptación. Mientras las grandes constructoras incorporan las normas ISO como un estándar obligatorio para competir sectores como minería o industria pesada, para las medianas representa un esfuerzo mayor pero estratégico para crecer en la contratación pública. Sin embargo, paradójicamente, “un número importante de entidades estatales no tienen están certificadas, lo que puede diluir el beneficio que podrían reportar los esfuerzos que hacen los contratistas privados para mejorar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras”. Por su parte, las pequeñas empresas —refiere — tienen menos incentivos y solo se someten a las exigencias específicas de sus clientes.
Finalmente, Valdivia recalca que el impulso a la certificación resultaría inútil “si es que no se transforma radicalmente el modelo de gestión de infraestructuras y equipamientos estatales, buscando optimizar su funcionamiento durante todo su ciclo de vida”. Esto requiere un cambio profundo que priorice la mejor ingeniería en lugar de la opción más barata, además de digitalizar los sistemas de control del Estado.
SOSTENIBILIDAD Y CERTIFICACIONES AMBIENTALES EN EDIFICACIONES
La sostenibilidad se ha consolidado como un eje clave en la construcción peruana. Cada vez más proyectos buscan certificaciones ambientales para respaldar su eficiencia en el uso de recursos y responder a las exigencias de inversionistas y usuarios. Entre las más destacadas en el país figuran LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que evalúa de forma integral la sostenibilidad del proyecto, y EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), enfocada en el ahorro de energía, agua y materiales, posicionándose como una alternativa de gran adopción local.
Los beneficios de estas certificaciones trascienden el ámbito ambiental y tienen un impacto económico cada vez más evidente. De acuerdo con el arquitecto André Nery, decano de Arquitectura y Diseño de la Universidad Científica del Sur, «la evidencia muestra que una certificación ambiental como LEED o EDGE sí puede generar beneficios económicos concretos en proyectos inmobiliarios”. Los más consistentes son la reducción de costos operativos, el mejor posicionamiento comercial y una mayor valorización del activo.
El Arq. Nery indica que, en vivienda certificada, los estudios reportan ahorros de energía de 15 % a 30 %, menores costos de mantenimiento y reparación, y una apreciación del valor de la propiedad que puede ubicarse entre 15 % y 50 %, aunque con sobrecostos iniciales de 2 % a 15 %. En oficinas, en cambio, señala que la evidencia europea encuentra incrementos de alrededor de 12 % en ingreso operativo y 10 % en precios de transacción, y otro estudio en tres países europeos reporta una prima de precio de 19 % para edificios certificados.
De acuerdo con el especialista, en EDGE, la evidencia disponible también apunta a beneficios tangibles. “Un caso de 503 viviendas certificadas en Sudáfrica encontró ahorros mensuales de electricidad con traducción directa en ahorro monetario para los ocupantes. El matiz importante es que la magnitud del beneficio cambia según mercado, ubicación, tipo de activo y nivel de certificación”, explica y añade: “Hay que tener claro que no hay literatura científica todavía publicada sobre la performance de los edificios certificados en Lima, y los datos aquí mencionados se basan en resultados comprobados en otros países».
Más allá de los beneficios económicos, el fortalecimiento de las certificaciones ambientales está estrechamente relacionado con la evolución del marco regulatorio peruano. Si bien actualmente muchas de estas herramientas son de adopción voluntaria, la tendencia internacional apunta hacia normativas que establezcan requisitos cada vez más exigentes en materia de eficiencia energética, reducción de emisiones y desempeño ambiental.
En ese sentido, el Arq. Nery señala que «todo indica que las futuras normativas de construcción en Perú evolucionarán hacia exigencias más específicas, medibles y fiscalizables en eficiencia energética, confort térmico, calidad ambiental interior y reducción de emisiones. Esa evolución no partirá de cero, sino de un marco ya existente formado, lógicamente, por el Reglamento Nacional de Edificaciones y leyes como la de Uso Eficiente de la Energía o la de Resiliencia y Cambio Climático”.
Asimismo, comenta que la literatura regional muestra que, en la actualidad, las políticas de eficiencia energética y calidad ambiental interior siguen siendo fragmentadas, por lo que la tendencia esperable es una mayor integración entre desempeño energético, salud, materiales y cumplimiento normativo. Además, en el caso peruano, la regulación de eficiencia energética y rehabilitación sostenible está en desarrollo. “No existe todavía un marco legal obligatorio y, comparado con otros mercados, la tendencia deberá orientarse hacia una regulación progresivamente compulsoria”, subraya.
Señala que también es probable que esas exigencias vengan acompañadas por herramientas de implementación, como metodologías de evaluación, incentivos y criterios técnicos más precisos.
“Aquí juega un papel importante la participación del gobierno y de diversos actores vinculados a la transición verde. En Perú ya existen referencias a certificaciones, ordenanzas e instrumentos voluntarios que ofrecen beneficios tangibles. El gran reto sigue siendo convertir la norma escrita, todavía en su gran mayoría de carácter facultativo, en un cumplimiento efectivo, siendo que el principal beneficiario de todo ese cambio debe ser siempre el ser humano que irá a vivir y usar esos espacios», explica.
SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS
La seguridad continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la normativa constructiva peruana. Las disposiciones relacionadas con seguridad estructural, protección contra incendios, evacuación, accesibilidad universal y salud ocupacional han experimentado una evolución significativa durante los últimos años.
Dentro del RNE destacan normas específicas destinadas a garantizar la seguridad de los usuarios durante la vida útil de las edificaciones. Asimismo, las exigencias relacionadas con accesibilidad universal buscan asegurar que personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad reducida puedan utilizar adecuadamente los espacios construidos.
A estas exigencias se suman las regulaciones relacionadas con la seguridad durante la construcción, las cuales establecen obligaciones para contratistas, supervisores y propietarios de proyectos. La implementación de planes de seguridad, programas de capacitación, inspecciones permanentes y sistemas de control de riesgos se ha convertido en una práctica indispensable para minimizar accidentes y garantizar el cumplimiento legal.
Además, nuevas regulaciones vinculadas al patrimonio cultural y las intervenciones arqueológicas han adquirido relevancia en proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. Los constructores deben considerar cada vez más aspectos relacionados con la protección del patrimonio y el cumplimiento de autorizaciones especializadas antes del inicio de obras.
CONTRATACIONES PÚBLICAS Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR
La reciente Ley General de Contrataciones Públicas moderniza la gestión de proyectos estatales en el Perú, promoviendo mayor eficiencia, transparencia y control en su ejecución. Este marco normativo impulsa la profesionalización del sector, exigiendo a las empresas constructoras capacidades técnicas, financieras y organizacionales sumamente robustas.
En este contexto, las certificaciones técnicas y la adopción de metodologías como BIM adquieren un rol estratégico. Por ello, la actualización constante en competencias de gestión, innovación y trabajo colaborativo se ha vuelto indispensable para responder con éxito a las altas exigencias del mercado público.
El Dr. Ing. Alexandre Almeida, director de la Maestría en Gestión de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Lima, señala que “los ingenieros y arquitectos deberán desarrollar competencias que integren dominio técnico, gestión digital, conocimiento normativo y capacidad de colaboración”. Sostiene que, en primer lugar, deberán comprender y gestionar información digital durante todo el ciclo de vida del proyecto, utilizando BIM, entornos comunes de datos, estándares de interoperabilidad, automatización, analítica, inteligencia artificial, sensores y gemelos digitales. Sin embargo, advierte que el desafío no está únicamente en manejar el software, sino en convertir los datos en decisiones oportunas, trazables y orientadas al desempeño.
Indica que también será indispensable fortalecer el conocimiento y la aplicación de normas técnicas, requisitos contractuales, estándares de calidad, seguridad, sostenibilidad y gestión de la información. “Esto exige interpretar correctamente la normativa, identificar su impacto en el diseño, la construcción y la operación, y asegurar el cumplimiento mediante procesos verificables”, señala.
Asimismo, anota que a ello se suman competencias en modelamiento, simulación, gestión de la producción y control predictivo, que permitan anticipar restricciones, evaluar escenarios y mejorar la confiabilidad de los proyectos. “La sostenibilidad deberá abordarse mediante criterios de ciclo de vida, eficiencia energética, descarbonización, resiliencia y desempeño ambiental”, añade.
De igual manera, subraya que los profesionales de la construcción necesitarán pensamiento sistémico, liderazgo y capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios, ya que los nuevos estándares digitales y normativos requieren integrar personas, procesos, tecnología y contratos desde etapas tempranas. “Por ello, el profesional del futuro no será solamente un especialista técnico, sino un líder capaz de diseñar sistemas de trabajo más colaborativos, seguros, productivos y orientados al valor», puntualiza.
