- El sector construcción inicia el año con cifras positivas, consolidando una recuperación que podría superar el crecimiento del 2024.
- Con una cartera de USD 19,300 millones, ProInversión busca acelerar la adjudicación de proyectos clave en transporte, energía y saneamiento.
- El Ministerio de Vivienda destina S/ 2,000 millones a programas habitacionales, pero la barreras administrativas podrían frenar su ejecución.
- Más de 1,500 inmuebles en riesgo y recientes incendios evidencian la urgencia de una estrategia efectiva para la recuperación del Centro Histórico.
- CAPECO y gremios de trabajadores impulsan medidas urgentes para frenar la violencia y garantizar un entorno seguro para la construcción.
La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) presentó la edición 87 del Informe Económico de la Construcción (IEC), en el que se analizan los principales factores que marcaron la evolución del sector en los primeros meses de 2025. El informe aborda el crecimiento consecutivo registrado en el primer bimestre del año, las estrategias del Gobierno para dinamizar la inversión en infraestructura y vivienda, así como los desafíos persistentes en materia de seguridad, regulación y planificación urbana. Además, se presentan propuestas para mejorar el desempeño del sector a través de mecanismos de inversión eficientes y medidas estructurales para reducir la criminalidad en obras.
- Construcción al alza en primer bimestre. En 2025, crecerá algo más que el año pasado
El sector construcción ha iniciado el 2025 con cifras alentadoras, consolidando una recuperación sostenida. Durante el primer bimestre del año, la actividad constructora registró un crecimiento positivo por segundo periodo consecutivo, alcanzando niveles similares a los observados en 2021. Este desempeño marca un hito importante para el sector tras las caídas experimentadas en años anteriores y refuerza las proyecciones de crecimiento para el resto del año.
De acuerdo con el INEI, en enero de 2025, el Producto Bruto Interno (PBI) del sector construcción y el PBI nacional crecieron a la misma tasa, lo que confirma el impacto positivo de la actividad constructora en la economía del país. Además, en los últimos doce meses, el sector ha mostrado crecimiento en ocho oportunidades, evidenciando una tendencia de recuperación.
Las estimaciones preliminares de CAPECO indican que en febrero la construcción habría crecido un 2.9%, a pesar de la contracción observada en la inversión pública. En línea con esta evolución, el Banco Central de Reserva (BCR) ha revisado al alza su proyección de crecimiento para el sector en 2025, ajustándola en 0.6 puntos porcentuales. No obstante, esta previsión sigue siendo inferior a la del sector privado, que estima un crecimiento del 4.9% para el presente año.
A pesar del buen inicio de año, el desempeño del sector aún enfrenta retos. La inversión pública, si bien mostró un crecimiento del 22.9% en el primer bimestre y alcanzó un récord en febrero, sigue presentando limitaciones estructurales que podrían afectar su ritmo en el mediano plazo. En este contexto, el sector construcción se mantiene expectante ante las medidas que el gobierno implemente para dinamizar la inversión en infraestructura y vivienda, factores clave para consolidar la recuperación en el 2025 y más allá.
- APPs y OxI: La apuesta del MEF para impulsar la construcción pública
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha redefinido su estrategia de inversión pública, poniendo énfasis en mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI) para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura. Esta medida busca dinamizar el sector construcción y cerrar la brecha de inversión en el país, en un contexto en el que la obra pública tradicional ha mostrado limitaciones para sostener el crecimiento económico.
El ministro José Salardi ha reconocido que el actual modelo de inversión estatal no podrá sostener el crecimiento de la construcción más allá del 2025. Ante ello, se ha trazado un plan ambicioso para potenciar la participación del sector privado en proyectos clave. Según las proyecciones oficiales, los proyectos priorizados bajo la modalidad APP podrían alcanzar adjudicaciones de hasta USD 8,000 millones en 2026, lo que representaría un impulso significativo para la infraestructura nacional.
Actualmente, ProInversión maneja una cartera de proyectos valorizada en USD 19,300 millones, con énfasis en sectores estratégicos como transporte, energía y saneamiento. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran las nuevas líneas del Metro de Lima, la modernización de puertos y aeropuertos, así como proyectos de irrigación en la sierra y la costa.
Por otro lado, las Obras por Impuestos continúan consolidándose como una alternativa eficiente para ejecutar proyectos en menor tiempo y con mayor transparencia. Este mecanismo permite que las empresas privadas financien directamente obras públicas a cambio de un descuento en su carga tributaria. Entre los sectores más beneficiados por esta modalidad se encuentran educación, salud y seguridad ciudadana.
El MEF también evalúa fortalecer herramientas complementarias, como los “planes por impuestos”, una variante que busca articular la inversión privada con el desarrollo territorial y la reducción de conflictos sociales. De implementarse adecuadamente, estas iniciativas podrían mejorar la ejecución de obras y garantizar un impacto sostenido en la infraestructura del país.
A pesar del potencial de estas estrategias, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para agilizar procesos administrativos, brindar seguridad jurídica a los inversionistas y garantizar una planificación eficiente. La apuesta del MEF por APPs y OxI abre una nueva etapa para la construcción pública, pero su consolidación requerirá un trabajo articulado entre el sector público y privado.
- Vivienda social con presupuesto asegurado, pero enfrenta desafíos administrativos
El acceso a la vivienda social sigue siendo una prioridad para el país. Para el 2025, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha asegurado un presupuesto de S/ 2,000 millones destinado a subsidios habitacionales, lo que representa un respaldo significativo para miles de familias que buscan acceder a una vivienda digna. Sin embargo, a pesar de contar con estos recursos, el sector enfrenta barreras administrativas y regulatorias que podrían ralentizar su ejecución.
El ministro José Salardi ha destacado la importancia de establecer este presupuesto como un piso mínimo en futuras asignaciones, garantizando así la continuidad de los programas de vivienda social. En este contexto, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de una Ley de Financiamiento Habitacional, que permitiría otorgar mayor estabilidad y predictibilidad al sector, facilitando el acceso al crédito para las familias de menores ingresos.
Uno de los principales desafíos es la informalidad laboral, que limita la capacidad de miles de peruanos para calificar a un crédito hipotecario tradicional. Para abordar esta problemática, el gobierno evalúa la creación de un fondo de garantía que facilite el acceso al financiamiento a personas con ingresos informales. Esta medida permitiría ampliar el alcance de los programas habitacionales y reducir la brecha de acceso a la vivienda propia.
Asimismo, se están explorando incentivos para dinamizar el mercado de alquiler de vivienda, promoviendo mecanismos que permitan mayor acceso a viviendas en renta a costos accesibles. Este enfoque responde a la necesidad de ofrecer alternativas flexibles para las familias que no pueden acceder de inmediato a la compra de una vivienda, pero requieren estabilidad en su hogar.
Por otro lado, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ha advertido que cualquier mejora en los estándares de la Vivienda de Interés Social (VIS) debe ser cuidadosamente analizada para evitar un descalce en los precios y bonos de vivienda. El equilibrio entre calidad y accesibilidad es clave para que las viviendas sigan siendo asequibles para la población objetivo.
Si bien el financiamiento está garantizado, el éxito del programa de vivienda social dependerá de la capacidad del Estado para agilizar trámites, reducir la burocracia y garantizar una ejecución eficiente de los recursos. La articulación entre el sector público y privado será determinante para convertir estos fondos en soluciones habitacionales reales y efectivas para los ciudadanos.
- Centro Histórico de Lima: sólo con una revitalización superará su vulnerabilidad
El incendio ocurrido recientemente en Barrios Altos ha puesto en evidencia la alta vulnerabilidad del Centro Histórico de Lima (CHL), donde la precariedad urbana, el hacinamiento y la falta de planificación siguen siendo problemas críticos. A pesar de los esfuerzos normativos y de financiamiento, la ausencia de un modelo de gestión efectivo ha impedido una recuperación sostenible de la zona.
Según datos oficiales, más de 1,500 inmuebles en el Centro Histórico presentan condiciones de tugurio y alto riesgo de incendio o colapso estructural. Este escenario representa una amenaza constante para sus habitantes y pone en riesgo el valor patrimonial de la zona, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1988.
Como respuesta, se ha aprobado la Ley 31980, que destina el 3% del IGV generado en el Centro Histórico a su revitalización. Sin embargo, los expertos advierten que sin una estrategia clara de gestión y ejecución de proyectos, estos recursos podrían diluirse sin generar el impacto esperado. CAPECO y diversos actores del sector construcción han señalado la necesidad de un ente gestor autónomo que pueda articular esfuerzos entre el sector público y privado para acelerar la recuperación del centro histórico.
Una de las alternativas en discusión es la atracción de inversión privada para proyectos de renovación urbana, con incentivos que fomenten la rehabilitación de inmuebles patrimoniales y la construcción de viviendas de interés social. Además, es fundamental una estrategia integral de seguridad ciudadana que aborde la creciente problemática de invasiones, tráfico de terrenos y actividades ilícitas en la zona.
El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima establece lineamientos claros para su recuperación, pero su implementación ha sido limitada debido a la fragmentación de competencias entre diversas entidades. Para lograr un impacto real, se requiere una modernización de la infraestructura de servicios públicos, así como un enfoque multidisciplinario que combine vivienda, comercio, turismo y seguridad en una sola estrategia de desarrollo urbano sostenible.
La revitalización del Centro Histórico no solo es una necesidad patrimonial, sino una oportunidad para transformar Lima en una ciudad más moderna e inclusiva. Sin una intervención estructural y coordinada, el deterioro de esta zona emblemática continuará avanzando, con graves consecuencias sociales y económicas para la ciudad.
- Criminalidad organizada en construcción: ¿Cómo comenzar a combatirla?
La violencia en el sector construcción sigue siendo un problema latente, con bandas criminales que extorsionan obras y sindicatos de fachada que operan como redes delictivas. Desde 2004, la extorsión en obras ha sido una constante, a pesar de la creación de la División de Protección de Obras Civiles (DIVPROC) en 2009. En 2015 se promulgó el Decreto Legislativo 1187 con el objetivo de frenar esta problemática, sin embargo, la violencia en el sector no ha disminuido.
Ante esta situación, CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) han promovido estrategias dentro del Comité Permanente del Ministerio del Interior para reforzar la seguridad en las obras. Una de las medidas clave es el fortalecimiento de la DIVPROC, dotándola de mayores recursos y extendiendo su alcance a regiones especialmente afectadas por la criminalidad.
Asimismo, se ha planteado la necesidad de depurar el registro de sindicatos para evitar la infiltración de grupos delictivos, así como bancarizar las cuotas sindicales y mejorar la interoperabilidad de registros para garantizar mayor transparencia. A nivel estructural, también es fundamental la implementación de programas de mejoramiento urbano en zonas con alta presencia de crimen organizado, lo que permitiría reducir los factores de riesgo y fomentar un entorno más seguro para los trabajadores y empresarios del sector construcción.
El sector construcción es un pilar fundamental para la economía nacional, pero enfrenta retos que deben ser atendidos con medidas estructurales. La apuesta por inversión privada, la eficiencia en la ejecución pública y la seguridad en obras serán clave para garantizar su sostenibilidad y crecimiento en los próximos años.
Fuente: Nota de prensa
