La tasa de empleo en la economía global a nivel nacional registra una constante tendencia al alza desde hace varios meses atrás. Empero, no sucede los mismo en el sector construcción. A pesar de ello, el empleo informal cada vez toma más fuerza, lo cual representa un problema de consecuencias graves para el país.
De acuerdo con el Informe Técnico de Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del mes de abril del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada en la actividad de construcción entre los meses de enero y marzo del presente año disminuyó en 1.5 % en comparación a igual trimestre del 2022, que registró un crecimiento de 15 %.
Ahora, si el resultado del primer trimestre del presente año lo comparamos con el mismo periodo del 2021, entonces se obtiene un crecimiento de 13.2 %. Sin embargo, aunque a simple vista esto parezca alentador, no lo es.
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) en su Informe Económico de la Construcción del mes de abril indicó que el empleo en el sector construcción (en Lima Metropolitana) se ha ido a la baja por sexto trimestre consecutivo, a pesar de que la empleabilidad en la economía global suma 24 trimestres seguidos al alza.
De igual manera, señala que el subempleo bajó 3 % y el empleo adecuado disminuyó en 1 %. Esto en el primer trimestre del 2023.
Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco explica que, de acuerdo con los resultados de la encuesta de expectativas desarrollada por el gremio en abril del presente año, los empresarios de la construcción estiman que sus niveles de operación se incrementarían en
0.4 % este año respecto al 2022. “De ser así, el empleo en el sector podría estar incrementándose en alrededor de 0.7 %, lo que implicaría apenas unos 9000 empleos más a nivel nacional”, anota.
Indica que, según cifras del INEI, en el 2022 laboraron en el sector construcción 1 303 000 trabajadores a nivel nacional. Esto significó un incremento de 4.7 % respecto al 2021; sin embargo, la informalidad está muy presente en este resultado.
“De acuerdo con INEI, apenas el 14.6 % de esos trabajadores lo hicieron formalmente durante el 2022, proporción casi igual a la del año previo (14.8 %) pero sensiblemente más baja que la del año 2019 (21.3 %)”, comenta.
Según el vocero de Capeco, la pandemia
de la COVID-19 afectó en gran medida a la construcción formal, debido a que el Gobierno nacional dispuso la paralización total de esta industria durante 120 días. Esto provocó una contracción de casi 14 % en el PBI sectorial y, aunque el sector se recuperó rápidamente en el 2021 (llegando a crecer 34.5 %), fue el segmento informal el que adquirió más dinamismo y una buena parte del empleo se fue a este segmento.
De acuerdo con INEI, apenas el 14.6 % de esos trabajadores lo hicieron formalmente durante el 2022, proporción casi igual a la del año previo (14.8 %) pero sensiblemente más baja que la del año 2019 (21.3 %)
“Entre el 2019 y el 2022, se perdieron 35 000 empleos formales y se incrementaron 283 000 empleos informales”, enfatiza el director ejecutivo del gremio.
Frente a esto, anota 6 de las principales medidas que se deberían desarrollar para minimizar el empleo informal en el sector.
- Fortalecer la función del Sunafil y compatibilizar sus acciones de control con las que realizan las municipalidades
- Reducir el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de entidades públicas, en particular las municipalidades y las regiones
- Proteger la verdadera representación sindical, en consenso tripartito (Estado, sindicatos, gremios empresariales) y combatir las acciones de los seudosindicatos de construcción civil
- Impulsar la certificación de competencias en las empresas, los profesionales y los trabajadores para diferenciar a los que actúan dentro del marco legal y aquellos que no
- Modificar las normas de contratación del Estado para favorecer la calidad de la construcción y no los precios más baratos
- Impulsar la innovación y la investigación en la actividad constructora para optimizar sistemas y prácticas constructivas
LA PROBLEMÁTICA DE LA INFORMALIDAD EN EL SECTOR
El crecimiento de la informalidad en el sector a nivel nacional es preocupante y es una problemática que viene de muchos años atrás. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú) estima que en el país el 95 % de las habilitaciones urbanas provienen de la informalidad y que el 80 % de las viviendas son producto de la autoconstrucción, llegando al 90 % en las zonas periféricas de las ciudades.
De igual manera, el vocero de Capeco comenta que, a partir
de los datos de los censos nacionales y de las mediciones anuales que el gremio realiza sobre el mercado habitacional formal, se estimó que el 67 % de las viviendas construidas entre el 2009 y el 2020 en Lima Metropolitana fueron edificadas informalmente. En el resto del país, Valdivia anota que se trataría del 80 %.
Anota que un estudio de GRADE reveló que el 97 % de la expansión de las 40 ciudades más pobladas del país fue producto del tráfico de tierras o de la urbanización informal. Igualmente, un estudio elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) demostró que, en las 79 ciudades más pobladas del país, existían 8900 barrios urbano-marginales asentados cuyo origen fue la invasión de terrenos.
En estos asentamientos las oportunidades de desarrollo para los habitantes son mínimas. El 84 % de estos barrios presentaba pistas de tierra o afirmadas, el 70 % no contaba con áreas verdes, el 41 % no tenía alcantarillado, el 37 % carecía de agua potable y el 74 % estaba en condición de vulnerabilidad frente a desastres naturales.
Las consecuencias del reciente ciclón Yaku que asoló la costa norte de nuestro país y los devastadores efectos por las constantes lluvias debido al fenómeno El Niño son, a decir de ADI Perú, evidencia de “la deficiencia de la edificación formal que existe en el Perú”.
“Esta falta de planificación territorial se pone en evidencia cada vez que existen fenómenos climáticos y reflejan la forma en que se permite la construcción en zonas de riesgo; así como la falta de una implementación de drenajes fluviales, dejando a miles de personas damnificadas y millones en pérdidas económicas, subraya.
ADI Perú sostiene que esta situación es producto de una mala gestión de las autoridades que, durante los últimos años, han optado por apoyar la formalización de las grandes extensiones de terrenos informales, o que han sido tomados por los traficantes de terrenos, en lugar de impulsar el fortalecimiento de los programas de vivienda social que viene siendo promocionados por el Estado.
Esta realidad refleja que la falta de la presencia de las autoridades competentes es precisamente aprovechada para sacar adelante proyectos informales en los cuales se requerirá también mano de obra informal y poco calificada, generando, en el corto y largo plazo, graves consecuencias de carácter económico, social y ambiental.
De acuerdo con Capeco, la construcción informal genera lo siguiente:
- Impide la provisión oportuna y económica de servicios básicos
- Dificulta la conexión vial y la articulación de la ciudad
- Produce escasez de espacios públicos y áreas verdes
- Propicia la segregación espacial entre la “ciudad rica” y la “ciudad pobre”
- Incrementa la contaminación ambiental
- Constituye el caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad ciudadana
Entre el 2019 y el 2022, se perdieron 35 000 empleos formales y se incrementaron 283 000 empleos informales”, enfatiza el director ejecutivo del gremio.
Materiales de procedencia informal
El director ejecutivo de Capeco indica que la producción informal o la falsificación de materiales de construcción también han alcanzado niveles muy significativos. Un ejemplo claro es lo que detectó el gremio en julio del 2016: las empresas formales solo eran responsables del 41 % de la producción de ladrillos de arcilla en Lima Metropolitana, mientras que el 59 % restante correspondía a ladrilleras informales o semi informales.
“Estas últimas adoptaban ciertos atributos de la formalidad. Tenían RUC, declaraban utilidades, pagaban impuestos y/o brindaban información sobre su producción al Ministerio de Producción, y paralelamente desarrollaban prácticas notoriamente informales como vender parte de su producción sin factura, trabajar en condiciones laborales precarias y principalmente ofrecer productos de baja calidad poniendo en peligro el patrimonio y hasta la vida de las personas”, anota Valdivia.
Asegura que en ese entonces “una treintena de empresas en Lima Metropolitana” se encontraban en esta situación de semi informalidad. Se estima que la producción que alcanzaban diariamente bordeaba las 6000 toneladas de ladrillos de arcilla, lo que reflejaba una importante capacidad instalada.
La contaminación ambiental y, hasta el trabajo infantil, también son problemas ligados a esta producción informal de materiales de construcción, pues no solo se trata del ladrillo. El vocero de Capeco enfatiza que hay otros materiales que repiten este patrón, como pinturas, cables, tuberías de PVC, acero, etc.
Una propuesta para hacerle frente al problema
Capeco, con el fin de impulsar la reducción de la informalidad en el sector, desarrolló la propuesta
“Construyendo formalidad”, la cual está dirigida a promover la construcción formal en el país, pues asegura que la informalidad “es sin duda la principal causa de devastación frente a la ocurrencia de fenómenos naturales severos”.
Además, añade que esta informalidad “pone en grave peligro la institucionalidad democrática e incentiva la corrupción. Quienes lucran con la informalidad han adquirido un poder significativo, infiltrando sobre todo a las entidades públicas encargadas de combatirlas (la Policía, el Ministerio Público, el Sistema Judicial, las reguladoras de actividades económicas), pero también han adquirido presencia política sobre todo en los gobiernos locales y regionales”.
Frente a este panorama, la propuesta de Capeco que busca enfrentar la construcción informal e impulsar la formalidad se basa en 5 ejes de trabajo:
- Promover la generación de suelo urbano mediante nuevos mecanismos de planificación y gestión territorial, para impulsar la oferta formal de vivienda, equipamientos y servicios y desalentar la invasión de tierras.
- Impulsar la provisión de materiales y servicios de construcción de calidad e incentivar la participación de proveedores solventes en el segmento de vivienda social para reducir la participación de la oferta informal e ilegal.
- Fortalecer a los operadores que actúan en el diseño y construcción de vivienda en el segmento social, especialmente a través del perfeccionamiento y diversificación de las políticas públicas dirigidas a este segmento.
- Incentivar la formalización laboral y la productividad de los trabajadores, de los profesionales y de la empresa en el sector construcción.
- Difundir una cultura de la formalidad y de la legalidad, que estimule cambios en la conducta de los ciudadanos, así como de los actores sociales y económicos, públicos y privados, y promover la integridad y la transparencia.
